La asociación contra el edadismo en el trabajo +45 ACTIVOS y en su nombre Don David Sánchez Fernández, con DNI XXXXXXXXXX en calidad de Secretario de la misma, habiéndose acordado en junta directiva celebrada el día 9 de abril de 2020 presentar la presente queja al Defensor del Pueblo,

EXPONE

Que los desempleados mayores de 45 años de larga duración, suponen el 50% de la totalidad de desempleados en España, siendo la cifra más aproximada la de 1.700.000 personas.

Que más de la mitad de estas personas desempleadas, no perciben prestación económica de ningún tipo, habiendo agotado en su momento el paro, y no siendo tributarios según los criterios en vigor de prestaciones no contributivas ni ayudas.

Que existe una discriminación en el acceso al empleo por parte del mercado de trabajo, siendo que las candidaturas del colectivo no prosperan debido a estereotipos acerca de la edad, siendo estos estereotipos inciertos con carácter general.

Que hemos podido comprobar que en los diferentes procesos de Pre-jubilación, bajas incentivadas y EREs de extinción habidos en los últimos 5 años, han sido las personas mayores de 45 años las  más afectadas.

Que estos hechos suponen una condena a la supervivencia básica, cuando no a la pobreza, de cientos de miles de personas, lo que se traduce en millones de personas si se tiene en cuenta la afectación familiar, siendo además una condena a futuro, puesto que nuestras jubilaciones se van a ver muy minoradas dado el actual algoritmo de cálculo de las mismas.

Que con la actual crisis, sobrevenida por el COVID-19, hemos podido comprobar como una vez más se nos olvida, puesto que no existen ayudas específicas para este colectivo, siendo que el criterio usado por el Gobierno es el de estar de alta en el momento en que se declaró el Estado de Alarma, lo que a nuestro entender supone una nueva forma de discriminación, basada en un hecho arbitrario.

Que de igual manera, nos preocupa que dada la inercia de esta última década”, las consecuencias de esta crisis para el colectivo pueden ser devastadoras, de manera que quedemos definitivamente atrás, en la cuneta, para que otros colectivos puedan seguir adelante.

Que la Constitución Española, en su artículo 9.2 consagra “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. Consideramos que todo lo expuesto nos impide participar de la vida económica del país, y que por tanto, el Estado no está tutelando efectivamente nuestro derecho en este ámbito.

Que el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 4.2.C consagra que tenemos derecho “ A no ser discriminados directa o indirectamente para el empleo, o una vez empleados, por razones de sexo, estado civil, edad dentro de los límites marcados por esta ley, origen racial o étnico, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación sexual, afiliación o no a un sindicato, así como por razón de lengua, dentro del Estado español”. Este derecho está siendo sistemáticamente vulnerado por el mercado de trabajo, al amparo en la mayoría de los casos de la norma UE 200/78, que se está aplicando de forma abusiva, generalizada y genocida en dos generaciones (entre los 40 y los 65 años).

Por todo ello, rogamos al Defensor del Pueblo:

Que nos ampare y tenga a bien trasladar esta demanda a quien corresponda, siendo los estamentos competentes el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, así como el de Seguridad Social y Migraciones, entendiendo que:

PRIMERO: con criterio de urgencia, se debe dotar al colectivo de recursos de supervivencia en esta crisis COVID-19, con independencia de que estuviesen o no de alta en la Seguridad Social en el momento de decretarse el Estado de Alarma. Así mismo y al amparo del artículo 9.2 de la CE, esta ayuda a ha de tener carácter universal, puesto que la situación de padres y cónyuges no es la situación personal, y los ingresos de la unidad familiar no son los nuestros, que nos vemos privados del derecho de contribuir a la vida económica de nuestras familias y del país.

SEGUNDO: que se ataje de forma inmediata la vulneración de derechos fundamentales que supone la discriminación en el acceso al empleo por razones de edad, siendo que no estamos dispuestos a ver nuestro presente, nuestro futuro y el de nuestras familias al albur de que el Estado decida o no dar prestaciones no contributivas. Solo el trabajo permite tener una vida digna.